Un Análisis Comparativo del Delito de Feminicidio en la Legislación Penal de los Estados Unidos Mexicanos

Alba Victoria López SalazarAutor/a Leer el PDF completo Este estudio tiene como objetivo analizar el fenómeno de la violencia extrema contra las mujeres, conocido como feminicidio, tanto desde el punto de vista doctrinal como desde la perspectiva de la legislación mexicana. Si bien en el año 2012 se estableció el tipo penal de feminicidio, es importante destacar que desde el año 2007 la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia ya definía la violencia feminicida. El artículo 325 del Código Penal Federal regula y sanciona este delito, lo que ha llevado a un debate y discusión en las entidades federativas para su regulación en los códigos penales locales. En este artículo se utilizarán diversos métodos, como el histórico, para analizar los orígenes y la evolución doctrinal y jurídica del feminicidio. Asimismo, se recurrirá al enfoque sociológico-jurídico para examinar cómo una conducta o fenómeno social se incorpora en el marco jurídico a nivel nacional y local. El método comparativo será útil para examinar los distintos tipos penales relacionados con el feminicidio en la legislación penal federal y de las entidades federativas, lo cual permitirá identificar similitudes y diferencias en la descripción de la conducta y su correspondiente sanción. Además, se emplearán enfoques como el inductivo-deductivo, el sistemático-analítico, entre otros, para determinar si la creación del tipo penal de feminicidio ha contribuido a la disminución o erradicación de la violencia extrema contra las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos. Descargar la revista

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La Obligación de Investigar en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

E. Raúl ZaffaroniAutor/a Leer el PDF completo Este artículo examina la jurisprudencia en casos de graves violaciones a los derechos humanos derivadas de la omisión o retraso en una investigación judicial adecuada. Se destaca la importancia del acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad en la protección de los derechos humanos, haciendo hincapié en el papel crucial desempeñado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Se resalta que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que garantiza las garantías judiciales y la protección legal, y los Estados tienen la obligación de proporcionar recursos judiciales efectivos y garantizar el debido proceso a las víctimas. Además, se subraya la responsabilidad de investigar delitos graves que violen los derechos humanos, incluso si no están explícitamente contemplados en la Convención Americana. Se argumenta que el derecho a la verdad es esencial para revelar la verdad, especialmente en casos de desapariciones forzadas, ya que fortalece la sociedad democrática. Aunque los Estados pueden establecer comisiones de la verdad, no deben eludir su deber de investigar y sancionar a través de los procesos judiciales correspondientes. Se destaca que la impunidad perpetúa las violaciones y deja a las víctimas desprotegidas, por lo tanto, es crucial erradicarla mediante la determinación de responsabilidades y la eliminación de obstáculos legales y prácticos. En conclusión, el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad son aspectos fundamentales para proteger los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, investigar los delitos y proporcionar la verdad a las víctimas, con el objetivo de fomentar una sociedad más justa y democrática. En este contexto, la CorteIDH juega un papel clave al juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados miembros. Descargar la revista

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La Defensa Constitucional

Federico Rochín GonzálezAutor/a Leer ART. completo Se presenta una recensión de la obra del tratadista Rodolfo Reyes Ochoa durante su estancia en España, donde se destacó como asesor en los trabajos constitucionales relacionados con la incorporación del juicio de amparo en la legislación española de 1931 (Constitución Política y posterior Ley de Amparo). A pesar de que esta obra es poco conocida en México, es importante reconocer la destacada participación del distinguido constitucionalista mencionado, quien aportó sus vastos conocimientos. Su contribución se convierte en un ejemplo de honradez intelectual y de cómo nuestro país se hace presente en el ámbito internaci Descargar la revista

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La Procuración de Justicia Penal desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Francisco Galván GonzálezAutor/a Leer DOI Este artículo investiga la relación entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sistema de justicia penal en México, centrándose en aspectos clave. Se destaca el concepto de Estado constitucional de derecho y su importancia para garantizar la legalidad y la protección de los derechos en el sistema de justicia penal. Se exploran temas relevantes como los derechos humanos, la protección de los pueblos indígenas, el acceso a la información, el registro de detenidos y la intervención de comunicaciones privadas, resaltando la importancia de salvaguardar los derechos individuales y colectivos en el ámbito de la justicia penal. Además, se examinan otros aspectos relevantes, como los mecanismos alternativos de solución de controversias, el sistema integral de justicia para adolescentes, la designación de defensores públicos y la asesoría a víctimas y ofendidos, destacando la necesidad de un sistema de justicia penal completo y accesible que garantice la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas involucradas en un proceso penal. Entre otros aspectos, se destaca la relevancia de las leyes generales y la competencia concurrente, así como la importancia de la jurisprudencia y el derecho de amparo en el sistema de justicia penal mexicano. En resumen, este artículo analiza la relación entre la Constitución y el sistema de justicia penal en México, enfatizando la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito de la justicia penal y garantizar un sistema jurídico acorde con los principios constitucionales. Descargar la revista

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